Propuesta de Ley: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
El 16 de abril de 2002 se aprobó la `Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia´ por el Pleno del Congreso de los Diputados, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
El apartado que refiere la eficacia de dicha Carta de Derechos dice que “Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Carta. Estarán vinculados a ella Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia”.
En los más de seis años de actuación de esta Plataforma y Asociación en su ámbito territorial hemos actuado de diferentes formas junto a más de dos mil casos, vinculados en su mayoría a problemas hipotecarios. También en un importante número de temas de ocupación o problemas de alquileres. El denominador común en todas estas situaciones es la no afectación de la `Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia´ en casi todas ellas. Hemos conocido de Abogados, Procuradores, Secretarios Judiciales, Jueces, y profesionales de toda índole jurídico-judicial rechazar -con sus hechos, palabras o resoluciones- los derechos de los afectados en su relación con ellos, es decir: la Justicia.
Ahora, el nuevo gobierno ha presentado los ejes que guiarán su gestión al frente del Ministerio de Justicia. Así, según publica la web de La Moncloa se “quiere implantar un modelo interactivo de participación ciudadana en el sistema de Justicia que genere mejoras reales en la vida de la gente. Con este fin retomará los trabajos ya iniciados para desarrollar una ley reguladora del derecho a la defensa que ordene aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones y plasme en una norma con rango de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia”.
El 23 de Agosto PAH Madrid ha requerido en el registro del Congreso de Diputados a todos y cada uno de los grupos parlamentarios a que insten al Gobierno la plasmación en una Proposición de Ley de la totalidad del contenido de la `Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia´. Lo que conllevaría, como se recoge en dicha Carta, la instrumentación de organismos eficaces en el control del cumplimiento de la misma.
A partir de esta comunicación nos dirigiremos a los grupos del Senado, Defensor del Pueblo, Colegios Profesionales, otras instituciones y medios con el objetivo aquí manifestado.
Madrid 6 agosto de 2018