PROCESO A LA BANCA ESPAÑOLA

Proceso a la Banca Española

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Asamblea Grupo Caixabank y otros bancos 28-2-2017

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Don Fernando Cava García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, será denunciado por la vía penal por un delito continuado de prevaricación judicial dolosa.

En el Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, hace años se están emitiendo resoluciones arbitrarias a sabiendas de que las mismas son injustas.

Dejando, en estas circunstancias, de lado al Titular del órgano judicial, aunque de él hablaremos en otro momento, nos centraremos en la actitud dolosa del Letrado de la Administración de Justicia que con un talante de matonismo judicial intolerable, está tomando una serie de decisiones demenciales que provocan una total y desesperante indefensión en la parte demandada de los procedimientos de ejecución hipotecaria, que en ningún momento trata de reconducir el Titular del Juzgado qué, por lo tanto, se convierte en colaborador necesario en multitud de arbitrariedades del L.A.J.

Dentro de los numerosos atropellos que se están cometiendo, podemos, a título de ejemplo, enumerar tres de ellos:

1º.- Decidir que el recurso planteado se presentó con el plazo precluido, aunque claramente no fuera así, afirmando que la fecha de notificación de la resolución recurrida es la que decide él, independientemente de lo que observe el justificante LexNet, “saltándose a la torera” lo que dictamina la Ley de Enjuiciamiento Civil y que contempla la web LexNet del Ministerio de Justicia:

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-cuando-se-tiene-por-realizada-una-notificacion-

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-cual-es-el-horario-para-la-presentacion-de-escritos-de-manera-telematica-

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-soy-un-procurador-cuando-se-tiene-por-realizada-una-notificacion-

Dicha circunstancia se le ha expuesto en varios recursos, con todo tipo de detalles, haciendo caso omiso de los mismos.

En definitiva, una aptitud intolerable, que viola flagrantemente el artículo 24 de la Constitución Española, en cuanto a los derechos fundamentales de la parte ejecutada.

2º.- No considerar al representante legal y administrador único de una mercantil unipersonal parte del procedimiento, no aceptando ninguno de sus recursos, independientemente de que en los escritos de la entidad acreedora aparezca como ejecutados la sociedad y su administrador único –con nombre y apellidos-, y habiéndosele entregado copia del poder que le designa con capacidad suficiente para actuar en cualquier procedimiento civil, como demandado o demandante, y ante cualquier órgano judicial.

Estando, en estos momentos, dicha persona, en una situación de desesperación absoluta ante la forma de actuar, a todas luces incalificable, de dicho Letrado de la Administración de Justicia, y un Titular del órgano judicial que decide mirar a otro lado para evitar interceder en el tema.

3º.- A pesar de la decisión adoptada por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, Comunidad de Madrid e Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, en relación a que no cabe exigir depósito para recurrir en reposición contra resoluciones dictadas por el S.J., únicamente cabe exigirlo cuando se recurre en revisión,

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/oficina_judicial/centro_de_documentacion/comision_juridica_asesora/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A1cjCydDRwOD0CAjA083D3_XgGBTQwMDA6B8pFm8maerqWdQsImJcaiLiYGncViYa4CHr4GBiQExug1wAEdCusNBrsVjuxEBeQOIPB77_Tzyc1P1C3JDIwwyA9IBcf_Tqw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM0oxMjhCMUEwRzRGMjBJVjJTR1ZWSjAwODM!/?itemId=245746

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/CompendioNOJ-2_3.pdf?idFile=a17b6022-8077-4f98-895a-8a8bd8e01b3f

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Modernizacion-de-la-Justicia/Acceso-al-Buscador-sobre-la-NOJ/Comision-Juridico-Asesora/?startAt=50&pag01=6

http://www.unidad-de-accion.com/foro/download/file.php?id=1516&sid=d964808027664e11f97d687a340db1da

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=VI%2BRECURSOS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268598468713&ssbinary=true

http://www.letradosdejusticia.es/component/remository/func-download/537/chk,ef65a734f750be665cb075ce6e6c9675/no_html,1/?Itemid=

El Letrado aquí denunciado, independientemente de la multitud de ocasiones que se le ha planteado su equivocada actitud, reseñándole las direcciones web anteriormente mencionadas, decide no variar un ápice su exigencia, no admitiendo a trámite ¡dieciséis! recursos de reposición de los ejecutados; y eso solo en un procedimiento. Actitud que se ha denunciado ante el Magistrado-Juez titular del Juzgado y ante lo cual “no sabe, ni contesta”, haciéndose, con su inacción, cómplice de dicha actitud. Evidentemente, conductas de juzgado de guardia.

Por si ésta postura, y la de su inmediato superior en el Juzgado de primera instancia, no fuera suficientemente grave, cuando se recurre en apelación y se manifiesta la situación creada a los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, estos deciden negarse en rotundo a analizar la cuestión, llegando a advertir a la representación procesal de los afectados que de seguir insistiendo en el asunto se consideraría mala fe procesal, con las consecuencias que eso conllevaría, obviando evidentemente que la buena fe procesal no solo obliga a las partes, sino también al órgano jurisdiccional. Máxime, cuando dicha Sección ya se había pronunciado sobre dicha consignación de depósito en una diligencia del mismo procedimiento, por los diferentes trámites de los recursos que conlleva la apelación planteada.

Desde luego, actitudes totalmente inconcebibles y que hace añicos la poca o nada confianza que puede depositarse en la justicia española.

Estos son tres típicos ejemplos del matonismo judicial que se ha practicado, y se está ejerciendo, en el Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, todo ello consumado por el Letrado de la Administración de Justicia don Fernando Cava García, y con la pasividad y el consentimiento del Titular del órgano judicial, Ilmo. Sr. don Agustín Gómez Salcedo, al que le ha sido denunciado este tipo de tropelías cometidas por su Letrado sin que, en ningún momento, haya intentado arbitrar adecuadamente las circunstancias, restableciendo a los afectados sus más básicos derechos fundamentales, quebrantados de forma inmisericorde por su funcionario subordinado.

Su prevaricadora aptitud puede ser denunciada ante el Ilmo. Sr. Juez-Decano de lo Civil de los Juzgados de Madrid, o del Consejo General del Poder Judicial, de los que –con gran pesar- no se espera absolutamente nada, como en otras ocasiones. El corporativismo y el echar tierra sobre el asunto, ha estado hasta ahora a la orden del día.

Como ejemplo de ello, podemos volver a recordar el de los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, ante la qué, como ya hemos relatado más arriba, en una apelación y recursos sucesivos, se ha denunciado lo manifestado en el anterior punto 3º y no ha habido forma de que se entrase a valorar la aptitud del L. A. J. Con la situación esperpéntica que en esa Sección se había declarado en una diligencia –dentro del mismo procedimiento- que no era preceptiva la consignación del depósito en recursos de reposición frente a diligencias de ordenación y decretos.

Lo dicho, la justicia española es un circo de tres pistas en el que no se sabe muy bien si en cada una de ellas rige una legislación diferente, o es consecuencia del capricho del funcionario de turno. Para que el ejecutado tenga suerte, o no, en esta ruleta rusa, debe cruzar primero los dedos y luego tirar una moneda al aire, y lo que sea será.

Como ésta Plataforma está en total desacuerdo con esta forma arbitraria de actuar es por lo que ha decidido considerar la posibilidad de acudir a la vía penal contra don Fernando Cava García, por su nada edificante forma de aplicar la justicia en el órgano judicial hipotecario en el que ejerce, reclamando se investigue el papel que ha desempeñado en los miles de procedimientos tanto en ese Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, como en el hipotecario nº 31, en el que realizó las mismas funciones simultáneamente al órgano que está a diez pasos del mismo.

También queremos dejar muy claro otra muy seria cuestión:

Circulan una serie de rumores sobre dicha persona, que se están investigando, que de ser ciertos nos llevaría a una muy complicada encrucijada ante la cual habría altos responsables que tendrían que dar cuenta de tal penosa y dolorosa situación. En la que están directamente implicados como afectados la parte ejecutada de cientos o miles de ejecuciones, y por lo que nos veríamos obligados a reclamar ante todo tipo de autoridades, españolas y europeas, la revisión completa del total de procedimientos de ejecución hipotecaria que se han venido sustanciando tanto en el Juzgado de primera instancia hipotecario nº 32 de Madrid, como en el hipotecario nº 31, en los que hubiera participado como Letrado o Secretario Judicial, el profesional aquí denunciado, y desde el primer momento que fuera designado para ello.

Situación ésta que constituiría un auténtico escándalo dentro de nuestra Administración de Justicia, de probable repercusión internacional, y consecuencias imprevisibles. Lo que, a su vez, supondría multitud de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado, al haberse encontrado los afectados con todo tipo de resoluciones judiciales contrarias al Derecho, y a la legislación tanto europea como española.

Actuación tan grave, y rumores de tal trascendencia, que, de ser ciertos, debieran ser analizados y corregidos con inmediata rapidez por las autoridades del Poder Judicial correspondientes, intentando por todos los medios que los culpables de ello sean imputados de todas aquellas responsabilidades de haber provocado, o permitido con su inacción, daños y perjuicios muy difícilmente restituibles, a cientos de familias, y cuya reparación deberá satisfacerse, vía indemnización, por los quebrantos ocasionados; y de los que es responsable nuestra deficiente Administración de Justicia, que por desidia, o negligencia, ha permitido estos terribles agujeros negros en las relaciones con los consumidores, ciudadanía que además de verse abocada a indeseables ejecuciones hipotecarias, se ha encontrado con funcionarios judiciales que han hecho muy difícil, sino imposible, ejercer su derecho a la defensa, sin indefensión, y a la tutela efectiva que contempla el artículo 24 de nuestra Constitución.

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EL TRIBUNAL SUPREMO, INTENTA DESESPERADAMENTE PROTEGER LOS PRIVILEGIOS ILEGÍTIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

 PLANTEA DOS CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA,SOBRE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

El Pleno de la Sala 1ª  de lo Civil del Tribunal Supremo, en el curso de la deliberación, votación y fallo de un recurso de casación interpuesto por Abanca Corporación Bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección primera, de 14 de mayo de 2014, sobre nulidad de cláusula de vencimiento anticipado, incluida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado con consumidores, ha acordado plantear dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE):

  1. Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la abusividadsolo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una cláusula con varios enunciados.
  1. ¿Tiene facultades un tribunal nacional, conforme a la Directiva 93/13/CEE, para -una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria-poder valorar que la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la continuación del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta más favorable para el mismo que sobreseer dicho proceso especial de ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar la resolución del contrato de préstamo o crédito, o la reclamación de las cantidades debidas, y la subsiguiente ejecución de la sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial hipotecaria reconoce al consumidor?.

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Esta asociación sin ánimo de lucro, Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid (PAH-Madrid), inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, quiere manifestar lo siguiente:

El Poder Judicial lleva tiempo jugando al despiste con respecto a la cláusula de vencimiento anticipado, que es lo que intenta ahora urdir nuestro Tribunal nacional superior en el orden civil frente al de Justicia de la Unión Europea, confundiendo de nuevo a los componentes de dicho órgano judicial con dos cuestiones prejudiciales trampa.

 El principal asunto en esta materia no es si aparece en la cláusula de vencimiento anticipado de las diferentes escrituras de constitución, de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, la cuestión de la liquidación de la cuenta por el impago de una, o tres o más cuotas. Este tema es la cortina de humo defensivo que presenta el poder judicial, ante las influencias lobbistas del poder financiero patrio, y que distrae de la verdadera cuestión que representa el fraude procesal que se comete, con la anuencia judicial, en el sentido gravísimo de permitir que se insten las ejecuciones hipotecarias en base al apartado 2 del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vencimiento anticipado, en contratos de adhesión en los que el predisponente impone las cláusulas del Título, que no pueden ser ni modificadas ni negociadas por la parte adherente, lo que invalida e inhabilita la utilización de cualquier apartado legal que precise fehacientemente, y de forma expresa, de un acuerdo, pacto o convenio previo entre las partes, como es el caso de dicho apartado 2 del artículo 693 LEC. Asunto trascendental, aún no analizado por el estamento judicial en ninguno de los procesos de ejecución que las entidades acreedoras han instado, en los últimos años, en todo el territorio nacional.

 El mismo Tribunal Supremo en su jurisprudencia –ejemplo, la sentencia de 13 de noviembre de 1998- define el contrato de adhesión como aquél en el que “… sus cláusulas han sido predispuestas por una parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de negociarlas, hacer contraofertas o modificarlas, sino que simplemente puede aceptarlas, o no“. En este punto, tenemos que destacar que de los dos fundamentos en que se desdobla el principio de autonomía de la voluntad en la contratación, la libertad contractual –fijar el contenido del acuerdo- se limita hasta tal extremo que llega a desaparecer.

Asimismo, la  conocida STS de 09 de mayo de 2013 expone en su punto 165,

De lo hasta ahora expuesto cabe concluir que:

  1. La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.
  1. No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario.
  1. Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios.
  1. La carga de la prueba de que una cláusula pre-redactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario

La STS nº 705/2015, de 23 de diciembre,  en Decisión de la Sala, contempla

“…, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, tal posibilidad –aplicar el vencimiento anticipado- está expresamente contemplada en el artículo 693.2 LEC, siempre y cuando se haya pactado expresamente

“… cuando se haya pactado expresamente”, es imposible que se produzca en un contrato de adhesión, dada su particular forma de imposición del clausulado de la escritura. Solamente la “connivencia indeseable” de los responsables de los diferentes órganos judiciales puede permitir la admisión a trámite de este tipo de ejecuciones en fraude procesal.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus conclusiones del 02 de febrero de 2016, en el Asunto C-421/14, y en cuanto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE en el marco de un contrato hipotecario, en relación con la cláusula de vencimiento anticipado, manifestó muy claramente qué

“78. , el artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede aplicarse a falta de acuerdo entre el profesional y el consumidor. Por el contrario, dicho artículo indica que, para producir sus efectos, es necesario un acuerdo explícito entre las partes.

  1. el artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que esa disposición requiere un acuerdo explícito entre las partes, de su tenor literal parece desprenderse que no es aplicable a falta de tal acuerdo.
  1. la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional relativa al vencimiento anticipado en el marco de un contrato de préstamo hipotecario, en la medida en que, …, su aplicación dependa únicamente de un acuerdo entre las partes; …

Y la sentencia del TJUE, de 26 de enero de 2017, en este mismo asunto, resuelve que

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

…………………..

3) El artículo 3, apartado 1, y el artículo 4 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que:

– El examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica determinar si ésta causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Este examen debe realizarse teniendo en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes, …

Y aquí, la incontestable conclusión es que el apartado 1 del artículo 693 LEC, que sería aquél que sustituiría al apartado 2 de dicho artículo, de no existir acuerdo entre las partes, es muchísimo menos gravoso para el consumidor que el vencimiento anticipado, por lo qué no cabe otra que declarar el carácter inequívocamente abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado de todo contrato de adhesión y, por tanto, su nulidad absoluta “ex tunc”.

Ese apartado 1 que el legislador colocó en el artículo 693 LEC, que en estos momentos resulta el “apestado” de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no lo fue en otros tiempos, cuando la valoración de los inmuebles no hacían más que subir y subir, de forma continua, y a las subastas acudían todo tipo de subasteros y particulares. Hoy día, con la cotización de dichos inmuebles por los suelos y con la única asistencia de las entidades financieras ejecutantes a las subastas judiciales, nadie conoce dicho apartado 1 del artículo 693 LEC. Como sino existiera. Pero la cuestión es que existe y, realmente, es el único que se puede aplicar en los contratos de adhesión de préstamos y créditos con garantía hipotecaria. Guste, o no, a las oligarquías económico-financieras de este País, y a todos aquellos que les “bailan el agua”.

El apartado 1 del artículo 693 LEC manifiesta

Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Así se hará constar por el Notario en la escritura de constitución y por el Registrador en el asiento correspondiente. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha

Y es radicalmente falso, como quieren hacernos ver los miembros de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que dicha aplicación conllevaría la interposición de un procedimiento declarativo. Ambos apartados del 693 LEC, el 1 y el 2, pertenecen al Capítulo V de la Ley de Ritos, “De las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados”, y si se está utilizando –aunque sea en fraude procesal- el apartado 2 a la hora de instar las ejecuciones hipotecarias, igualmente puede hacerse a través del apartado 1 del artículo 693 LEC. Hay que “estar a las duras y a las maduras”, lo que no pueden pretender las entidades financieras es ganar siempre, mientras que es el ciudadano, consumidor y usuario, quién “paga siempre los platos rotos”. Y, lo que es peor, secundados aquellos por el Poder Judicial.

Finalmente, por todo lo aquí expuesto:

  • Preservando el Principio de seguridad jurídica, el Titular –o Titulares- del órgano judicial que corresponda no puede disponer fuerza de cosa juzgada, basándose en el análisis que hubiera podido realizarse en el procedimiento de ejecución en base a la posible abusividad y nulidad “ex tunc” de la cláusula de vencimiento anticipado por la cuestión del número de cuotas impagadas, de la oposición que pueda libremente ejercer el demandado sobre la ilegítima utilización del apartado nº 2 del artículo 693 LEC, por parte de la acreedora, en lugar del legal nº 1, al encontrarnos ante un contrato de adhesión. El escudarse en el primer análisis del tema de las cuotas para no entrar a examinar ésta segunda cuestión puede constituir dolo procesal del estamento judicial.
  • Debe quedar meridianamente claro qué no es lo mismo imponer, en un contrato de adhesión, una disposición legal cualquiera de nuestra legislación, que someter el Titulo a un mandato legal que precise para su aplicación de un previo acuerdo, convenio o pacto fehaciente entre las partes. Y es en esta teoría de la confusión en la que están asentados nuestros órganos judiciales.
  • Igualmente, resulta obvio que dado no se puede instar la ejecución a través del vencimiento anticipado, en un contrato de adhesión, ha de demandarse a través del apartado 1 del artículo 693 de la Ley de Ritos.
  • Que a través de dicha demanda puede perfectamente instarse una ejecución hipotecaria. Ambos apartados pertenecen al mismo artículo LEC, de la ejecución sobre bienes hipotecados.
  • Qué como las actuales ejecuciones hipotecarias están fundamentadas sobre deuda reclamada en base al vencimiento anticipado –demanda, certificación fehaciente de saldo y deuda a utilizar en la subasta electrónica- no cabe otra posibilidad que sobreseer los actuales procedimientos, dejando la posibilidad, si a su Derecho conviniere, de que las acreedoras insten nuevas ejecuciones hipotecarias pero, esta vez, al amparo del apartado 1 del artículo 693 LEC.
  • Que es totalmente incierto que el archivar los procedimientos, por abusividad y nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, conlleve indefensión para el consumidor, al poder verse ante un proceso declarativo, ya que –en todo caso- se instaría nueva ejecución hipotecaria, pero esta vez de forma legítima a través del apartado 1 del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los órganos judiciales deberían ser los garantes de que no se produzcan situaciones, como la actual, de masivo fraude procesal por las entidades financieras, que están mal acostumbradas a ganar siempre, sea cual sea la coyuntura económica del momento.
  • Y que una cláusula cuando es abusiva, es nula y como tal debe desaparecer “ex tunc” del contrato, no surtiendo efecto vinculante alguno respecto del consumidor y, además, sin que el profesional, o el juez, esté facultado para variar su contenido.
  • De no reconducirse, de forma inmediata, la actual situación en la que están instaladas las ejecuciones hipotecarias, podría darse el caso de que los afectados de dichos procedimientos, damnificados del masivo fraude procesal, reclamen la correspondiente responsabilidad patrimonial del Estado, por el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, al encontrarse ante una resolución judicial contraria al derecho o a la jurisprudencia de la Unión Europea.

Por todo ello, y dado el fondo de las dos cuestiones prejudiciales que acaba de elevar el Tribunal Supremo español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son claramente favorecedoras de la posición privilegiada que ostentan las entidades financieras acreedoras, en las ejecuciones hipotecarias, ésta asociación sin ánimo de lucro Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid (PAH-Madrid), inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, quiere manifestar que se pondrá en contacto con el Tribunal de justicia europeo para hacerle llegar la realidad actual, en esta cuestión, de las ejecuciones hipotecarias en nuestro País, y para evitar qué preguntas sesgadas busquen respuestas parciales que puedan inclinarse, por falta de información veraz, a favor de los acreedores.

No hay nada más despreciable en la vida que estar buscando continuamente subterfugios para favorecer al poderoso frente al débil. Lo miserable de esa forma de actuar habla elocuentemente de la catadura moral de quién se presta a ello.

PAH MADRID quiere rendir desde aquí un sincero homenaje de reconocimiento a todos aquellos funcionarios de Justicia –Jueces, SSº actuales Letrados de la Administración de Justicia y Oficiales- que con valentía han contribuido a impartir Justicia, con mayúsculas, sin que la presión de las oligarquías financieras y económicas del País hayan podido influenciar en su recto proceder para conducirse con ponderación y ecuanimidad con la parte débil de los procedimientos de ejecución hipotecaria, las familias damnificadas, que como consumidoras y usuarias de productos financieros defectuosos, han resultado duramente afectadas por sus dañinas cláusulas abusivas.

 

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Ampliación de la moratoria hipotecaria en el Senado

SENADO MORATORIA AL GOBIERNOLa mesa de la Cámara del Senado ha acordado requerir al Gobierno la ampliación de la moratoria hipotecaria hasta mayo de 2020, tal como se propuso por esta Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid, PAH Madrid.

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CAMPAÑA ANTE EL CONGRESO, SENADO, ASAMBLEA Y AYUNTAMIENTO DE MADRID

Entregado por Registros a todos y cada uno de los grupos políticos enCongreso de Diputados, Senado, Asamblea y Ayuntamiento de Madrid

La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, con domicilio a efectos de notificación en calle Francisco Silvela, 13, Centro Lista, 28028, Madrid.  Teléfono 619267333, Mail afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com, nos dirigimos a ese partido con las consideraciones que a continuación se exponen.

Con fecha 30 de agosto del pasado año entregamos por registro del Congreso de Diputados una propuesta de moción política respecto de las titulizaciones hipotecarias, el negocio financiero que ha dado lugar a una situación  de trascendencia económica que tiene que denunciarse y dar la cara todavía. Una de las repercusiones de esta artimaña financiera tiene una radical y notable consecuencia sobre la falta de legitimidad de las entidades financieras en el hostigamiento de las familias cuando estas no pueden hacer frente al pago de sus cuotas como consecuencia de la crisis económica. Ahora, como consecuencia de la iniciativa de Ezquerra Republicana, las titulizaciones hipotecarias y el obsceno papel burocrático de la CNMV y otras instancias, judiciales y reguladoras, podrán  debatirse en el Congreso, en la discusión de la PNL presentada en la Comisión de Economía y Competitividad.

Con fecha 16 de Diciembre pasado hicimos seguir por registro del Congreso una petición de ampliación de la moratoria hipotecaria a la que están acogidas miles de familias que han sido perseguidas judicialmente y se encontraban en situación de lanzamiento de sus viviendas. Para el 15 de mayo próximo, fin del plazo previsto legalmente, pueden ser más de veinticinco mil familias las afectadas por esta situación. Hemos solicitado la ampliación de esa moratoria hasta mayo de 2020, propuesta que tiene una mínima  repercusión económica para los bancos. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado  instar al Gobierno en este sentido. Sin embargo, existe  otra perspectiva si estos casos en moratoria se suman a los miles que han perdido ya su vivienda, estén o no en las mismas con un alquiler por parte de quién consiguió ilegalmente esas propiedades. Una mayoría de ellos podrían plantearse requerir la revisión de sus procedimientos al habérseles despojado la propiedad mediante la reclamación del total del crédito pendiente por aplicación de una ilegal, e ilegítima por abusiva, clausula, la  de vencimiento anticipado, ahora sentenciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El PSOE se ha decidido a mover ficha con la cuestión de la moratoria, con una propuesta de PNL en el Congreso. El Gobierno se ha manifestado dispuesto a prorrogar tal plazo, sin fijar fecha de momento. Sin embargo, la dura realidad ha demostrado lo insuficiente de lo legislado a este respecto. Los requisitos para poder acogerse a esta iniciativa son absolutamente restrictivos. Han dejado en la calle a miles de familias con hijos menores de edad, otros sin recursos al no tener trabajo, cuestiones que en estos momentos habrían de tenerse en consideración.

Manifestamos nuestra disconformidad con el acuerdo alcanzado por el gobierno y dos de los partidos de la oposición para establecer un mecanismo, claramente a favor de las entidades financieras, en aplicación de la jurisprudencia europea respecto de las clausulas suelo y la devolución de las cantidades ilegitimamente cobradas por aquellas. Estaremos atentos a lo que ocurra,  cómo de aquellas sentencias respecto de los gastos de constitución de las hipotecas y las comisiones de apertura, lo que afecta a más de seis millones de contratos. Esta cuestión puede superar ampliamente los veinte mil millones de euros que los bancos han esquilmado a los ciudadanos y que, por tanto, tienen que devolver.

Esperamos que los dirigentes y representantes de ese partido tengan el coraje de no negar estas realidades. Que aporten datos y alternativas que sirvan para quienes estamos pagando las consecuencias de una estafa hipotecaria que, con seguridad, acabará siendo investigada. Desde la verdad de lo ocurrido, la justicia ha de actuar haciendo pagar a los responsables el daño causado, y entre todos conseguir medidas que eviten que esto pueda volver a repetirse. No podemos ganar el futuro si no se depuran las responsabilidades presentes y pasadas por estos atropellos, convertidos en algunos casos en flagrantes delitos contra la sociedad.

Desde 2008 cerca de setecientas mil familias han sido ejecutadas hipotecariamente por las entidades financieras, con la colaboración imprescindible de los órganos reguladores y una perversa praxis judicial de terroríficas consecuencias.

Decenas de miles de familias optaron por la dación en pago convencidos de que ese era el final de sus problemas. El negocio de las entidades financieras con  la dación en pago ha sido astronómico, pues, además de haber vendido la práctica totalidad de las hipotecas,  a través de las titulizaciones, se han quedado con lo pagado por las familias.  Luego en el proceso de reclamación ilegítima, con la colaboración impagable del estamento judicial, se han apropiado de las viviendas. Y en miles de casos aún les ha quedado remanente de deuda a las familias.

Cientos  de suicidios anuales, miles de vidas truncadas por males y enfermedades sobrevenidos por estos vía crucis. Mientras, las organizaciones políticas se han beneficiado de la condonación de decenas de millones de sus deudas, sin haberse visto implicadas en  ningún procedimiento de ejecución pese a no pagar algunos de sus créditos con garantía hipotecaria. A esta realidad ha de darse inmediata respuesta. Ese partido es pieza clave en este momento político. Nosotros reclamaremos su responsabilidad cuantas veces sea necesario.

SOLICITAMOS:

Que se investigue, política y judicialmente, la estafa hipotecaria con todas sus variantes financieras. El rescate bancario y operaciones anexas,  pese a lo publicado, superan los cuatrocientos mil millones de euros. A lo que se ha añadir todo lo que oculta la estafa de las titulizaciones hipotecarias y de otros activos.

Que de forma inmediata se cumpla la jurisprudencia europea en todos sus términos, a lo que obliga la legislación española,  lo que implica el archivo de los procedimientos hipotecarios en marcha y la no admisión a trámite de nuevas ejecuciones amparadas en clausulas abusivas.

Que las fiscalías actúen de forma inmediata contra los que participen en el ordenamiento y realización de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, toda vez que  están basadas en la  aplicación ilegítima de una clausula abusiva, la reclamación de la totalidad del capital concedido, aunque no estuviera vencido.

Que se legisle sobre la reestructuración de  las deudas hipotecarias poniendo en relación lo pagado, lo pendiente y el valor actualizado de la garantía. De modo que la resultante en cuanto a las cuotas a pagar sea proporcional a las rentas familiares.

Que se instrumente un mecanismo eficaz en defensa de los derechos de los ilegítimamente ejecutados, para que puedan, de alguna forma, recuperar su vivienda o, al menos, conseguir la indemnización que en justicia corresponda. Para lo cual, los Presupuestos del Estado debieran prever la partida correspondiente.

Que las familias acogidas en su momento a una dación en pago, y posteriormente  cobijados bajo el régimen de alquiler cedido por las entidades que les quitaron la vivienda, puedan hacer valer lo pagado en el proceso de recuperación de dicho inmueble. Desde la relación directa de lo pagado en su día, del valor actualizado de la garantía que les ejecutaron y lo abonado en concepto de alquiler hasta la fecha.

Que los afectados acogidos al régimen de alquiler, de las entidades financieras, puedan seguir en el mismo voluntariamente, de forma vitalicia, con una renta ajustada a los ingresos familiares. 

Madrid, a 05 de febrero de 2017

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Asamblea General PAH Madrid 3-2-2017

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Convocatoria frente a la sede del PSOE 2-2-2017

El jueves 2 de febrero  la Plataforma de Afectados de Madrid se ha concentrado frente a la sede de PSOE, calle Ferraz, 70.

La actitud cómplice de esta organización con el gobierno en la protección de los intereses de los bancos ha tenido su último reflejo en el acuerdo para la fijación del protocolo extrajudicial por las clausulas suelo y en la negativa a investigar el rescate bancario.

Se ha entregado   un escrito  en el que  reclamamos al PSOE un giro en su política, pues  sus votos en el Congreso ahora son fundamentales para validar cualquier iniciativa del gobierno como las recientemente aprobadas.

Más de veinticinco mil familias pueden ir a la calle en Mayo de 2017 con el fin de la moratoria hipotecaria ahora vigente.

Decenas de miles de familias ven el próximo vencimiento de los alquileres que pagan por las viviendas que los bancos les ejecutaron ilegalmente.

Todos los días se extiende el terror que provocan los comportamientos de las instancias judiciales en los procedimientos en los que se persigue ilegalmente a las familias, en beneficio de los bancos. Los jueces se resisten a reconocer y aplicar la jurisprudencia europea.

A esta realidad ha de darse inmediata respuesta. El PSOE es pieza clave en este momento político. Nosotros reclamaremos su responsabilidad cuantas veces sea necesario.

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Asamblea General PAH Madrid 27-1-2017

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Sentencia del TJUE contra los abusos de la banca

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sentencia en el Asunto C-421/14, ante siete cuestiones prejudiciales planteadas por el Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander.

Lo más destacable de dicha resolución es

  • Considerar como opuesto a la Directiva 93/13 el plazo preclusivo de un mes que concede la Ley 1/2013, desde su publicación en el BOE, para ejercer el derecho a formular oposición a la ejecución, para todos aquellos que tuvieran iniciado un procedimiento que no había concluido con la puesta en posesión del inmueble subastado al adquiriente, antes de la entrada en vigor de dicha Ley.

Aunque no se nombran, dicho pronunciamiento es extrapolable al mes preclusivo, desde su publicación en el BOE, que concedió el Real Decreto-ley 11/2014 y los dos meses preclusivos contemplados en la Ley 9/2015, igualmente notificado a través del Boletín Oficial del Estado.

  • El examen del posible carácter abusivo de una cláusula dispuesta en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica determinar si dicha estipulación causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Y ese examen debe realizarse, sobre todo, teniendo en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes.

Ésta cuestión es fundamental para analizar la cláusula del vencimiento anticipado, dado que si tenemos en cuenta la legislación aplicable cuando no existe un acuerdo entre las partes, consideramos qué el apartado 1 del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reclamar exclusivamente la cantidad que está en impago, es mucho menos oneroso para el consumidor que la aplicación del apartado 2 de dicho artículo, el vencimiento anticipado de toda la deuda vencida y por vencer a lo largo del plazo contratado, contemplándose en la Ley, además, que para activar dicha amortización es necesario exista un acuerdo, convenio o pacto previo entre las partes qué, realmente, en un contrato de adhesión en el que una de las partes –entidad financiera/predisponente- impone a la otra –consumidor/adherente- las condiciones del contrato, es imposible que ocurra.

Y por último, distinguiéndose sobremanera sobre las demás

  • Que en cualquier fase del procedimiento, el juez debe examinar toda cláusula del título ejecutivo que pueda considerarse abusiva, de oficio o a solicitud de parte, hasta el mismo momento en el que el procedimiento ejecutivo culmine con la puesta en posesión del inmueble subastado al adquiriente, siempre y cuando dicho pacto no haya sido analizado y resuelto en un momento anterior del proceso, considerándose con fuerza de cosa juzgada.

Ante ésta última situación, cabe hacernos un par de preguntas

  • ¿Qué sucede con los afectados que en auto tienen declarado por el Titular del Órgano judicial que la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva y, sin embargo, decidió –por disposición del Derecho nacional- terminar acordando que la entidad ejecutante había esperado a que se produjera el impago de más de tres mensualidades para proclamar el vencimiento anticipado-, resolviendo no determinar su nulidad, aún a sabiendas de lo dispuesto por la Directiva 93/13 y jurisprudencia europea?.
  • ¿Este tipo de arbitrariedad judicial ha de soportarlo estoicamente el ejecutado, o le asiste el derecho a reclamar que la cláusula sea declarada abusiva y nula, aunque el previo análisis haya adquirido fuerza de cosa juzgada, si se ha producido infracción de normas legales que rigen las garantías necesarias del proceso, produciendo indefensión o vulneración de derechos fundamentales de los reconocidos en el artículo 24 de la Constitución e, inclusive infracción que determinare nulidad?.

Evidentemente, todo afectado en esta situación debe reclamar se restituya su procedimiento al momento inmediatamente anterior a la corrección del fraude procesal que constituye “pasar” deliberadamente de la directiva y jurisprudencia europea para, de alguna forma, favorecer a la ejecutante, en detrimento del ejecutado.

De hecho, lo que PAH MADRID considera se debiera hacer, en estas circunstancias, es paralizar todos aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso, analizando el momento procesal en el que se encuentran, y adecuar dichos procesos a lo dictado por ésta sentencia del Tribunal de Justicia europeo, de 26 de enero de 2017. Ya qué, de lo contrario, estaríamos una y otra vez, como en el día de la marmota, introduciendo mil parches al tema hipotecario, según las resoluciones que nos vienen de Europa, dado que lamentablemente nuestros legisladores y miembros de la judicatura no han tenido la más mínima intención de adecuar, de una vez por todas, la legislación y jurisprudencia autóctona a la europea.

Eso sí, poniendo siempre a salvo a todos aquellos jueces que ante una situación determinada, decidieron con valentía plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia europeo, lo que ha sido el germen de un nuevo momento en las ejecuciones hipotecarias, y a todos aquellos Titulares de órganos judiciales que han decidido aplicar con decisión la legislación vigente que trata de manera leal y equitativa al consumidor; no siendo, por desgracia, la actitud más común en nuestro sistema judicial.

 

 

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