Una vez más, y ya son demasiadas, la ¿justicia? española, en concreto el Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid, fiel defensor de los intereses de la banca, intenta dejar a otra familia en la calle.

A este juzgado, como a otros muchos en este país, poco le importa pasarse por el forro de la toga la legislación española y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las ejecuciones hipotecarias. Para este tipo de jueces la legalidad no es nada comparada con el sacrosanto interés de las entidades financieras, aunque en esto solo siguen la estela de sus superiores jerárquicos del Tribunal Supremo, primeros paladines del sector financiero.