DIA TRAS DIA EN PAH MADRID 21-7-2017

Cuatro casos nuevos han llegado que se suman a los llegados el martes anterior. Uno de la CAM y tres de Bankia. De estos dos son hipotecas con cuotas de amortización creciente. Un tipo de hipotecas muy generalizada en esta entidad.

Hace semanas que se valora una actuación conjunta frente a este tipo de hipotecas. Sus particularidades llevan a pensar en una nueva perversión financiera de fraudulenta rentabilidad  para Bankia. Así, se está trabajando para incorporar a la defensa de los casos con ejecución hipotecaria la mejor fórmula para paralizar el procedimiento, incluso anularlo de raíz. También para la revisión de las condiciones de los casos al corriente de pago.

Para los afectados de Caixabank se han abierto nuevos caminos de defensa, tanto en lo que respecta a l falta de legitimidad por carencia de documental en la que comprobar el proceso de transformación de La Caixa, Caja, en Caixabank, Banco.

CaixaBank's logo is seen on top of the company's headquarters in Barcelona March 27, 2012. Caixabank bought smaller rival Banca Civica for one third of its book value late on Monday, creating Spain's biggest bank by domestic assets. REUTERS/Albert Gea (SPAIN - Tags: BUSINESS LOGO) TELETIPOS_CORREO:FIN,FIN,%%%,%%%

La otra vía útil es la de la profundización realizada respecto del proceso de titulización hipotecaria llevado a cabo por esta entidad, el trasiego de títulos y los derechos finales entre cada una de las realidades presentes en este negocio.

En un plazo prudente podría disponerse un protocolo de uso, de los mismos elementos, para su utilización por los afectados en cada uno de los demás bancos.

 

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LOBOS: Cortometraje

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DIA TRAS DIA EN PAH MADRID 18-7-2017

Para esta fecha estaba convocado un lanzamiento por parte del juzgado 31 de Madrid. La titular del mismo finalmente ha tenido que considerar la petición de ampliación de moratoria en la que está Alejandro y su familia. Creemos que finalmente prevalece la línea señalada por su colega del 32 respecto del automatismo que provoca el decreto promulgado  por el Gobierno y luego avalado por el pleno del Congreso. Falta por conocer como ha quedado reflejado esto en la diligencia que el juzgado ha debido practicar y que no ha sido conocida aún. Una cuestión que debería haber obtenido lo más rápidamente posible por la abogada de oficio asignada a este caso. Parece que la sensibilidad y diligencia de algunos letrados no es la más adecuada, tanto en este caso como en otros muchos. Cuestión ya señalada en otros momentos y que deberemos seguir voceando.

Este caso ubicado en Entrevías es otro más en los que queda retratada la función desinformadora de los elementos municipales que atienden asuntos hipotecarios en esta escapada administrativa en la que se ha embarcado a los servicios sociales, a sus funcionarios. Hasta ayer le han tratado de convencer al afectado de este desahucio de que entregara la vivienda y se fuera de alquiler. Así se nos ha comentado mientras hacíamos guardia en la mañana del dieciocho por si acaso, pese a lo manifestado en el juzgado sobre la cancelación del lanzamiento. Pues no sería ni la primera, ni la segunda ocasión en que después de la hora anunciada se ha personado en el domicilio la Comisión Judicial.

Otro caso en la que titular del 31 ha jugado sucio desde hace meses se ha conseguido rematar con la aceptación de la moratoria, pues los requisitos se cumplían y se había solicitado en tiempo y forma. Esto es lo que ha estado engolfando el juzgado. Nos preguntamos qué ocurre con aquellas familias que no cuentan con el apoyo que tienen quienes han llegado a PAH Madrid. Que no saben cómo defenderse y sus abogados pasan de enfrentarse a estas arbitrariedades judiciales.

Hemos visto otra situación, la de una mujer de 75 años de edad que tuvo un retraso en los pagos de alquiler de su vivienda en la calle Conde de Peñalver. Pese a que tiene todas las cantidades ingresadas en la cuenta, tiene todo pagado, el descuido de dos meses mientras estuvo hospitalizada dio pie a una denuncia, con arbitraje según lo pactado, cuyas conclusiones han servido para que el juez determine un desahucio para el próximo día 21. La legalidad facilita una expulsión a todas luces indecente dadas las circunstancias de esta afectada, su edad y achaques, que junto el desánimo y la ansiedad han dejado a esta mujer al borde de una crisis vital irreparable. Se han tomado iniciativa para tratar que desde los Servicios Sociales Municipales y PAH Madrid intermediemos con el fin de lograr un aplazamiento que permita a la afectada poder maniobrar hacia un nuevo alojamiento, al no estar previsto por la propiedad la revisión de la situación.

LAU

Una llamada días pasados nos alertaba de una situación muy complicada para una pareja sin recursos a la ayudan los vecinos de la barriada, que han sabido que la comunidad de propietarios había denunciado por impago de cuotas. Algo más de mil cuatrocientos euros que se han reclamado judicialmente provocando una subasta y una adjudicación a terceros. El piso tasado en algo más de sesenta mil euros se ha adquirido por uso  cuarenta a mil euros, si que la pareja referida haya podido defenderse por desconocimiento de lo iniciado por sus vecinos. Otra variante de la forma en la que la convivencia  social con quienes están en situación extrema parece que no les afecta a muchas personas.

De Valdemoro ha llegado un ciudadano de nacionalidad europea al que le habían derribado la casa en la que vivía. Un anexo a una vieja fábrica que iba a ser demolida. Pese a lo pactado con la propiedad ante la policía la excavadora ha arrasado el habitáculo con todas sus pertenencias dentro esta mañana. Nuestra capacidad frente a situaciones como esta es nula. Este afectado irá a los Servicios Sociales de Valdemoro y a Cáritas de la zona para requerir ayuda, sabiendo que puede consultarnos en estas gestiones y volver por nuestra asamblea para informarnos y apoyarse en lo posible.

Otros casos nuevos, de perfil hipotecario, en diferentes momentos de la relación de dudas o impagos se han visto en la reunión de hoy.

_fotonoticia20150423123918644_7a94539aEl 27 de julio nos concentraremos ante el Congreso de Diputados para recordar a los más de trece mil suicidios imputables al terrorismo financiero. La Delegación de Gobierno ya tiene la comunicación.

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Grupo de Bancos: Caixabank y otros bancos pequeños.

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Desahucio suspendido: Alejandro Se Queda.

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DIA TRAS DIA EN PAH MADRID 14-7-2017

Mientras las más altas instancias del país andan  por tierras del Reino Unido  en busca de mejorar la imagen de la marca España, la suya, y garantizarse la rentabilidad de sus negocios allí y aquí, pues las relaciones son cruzadas, aquí nada cambia. Nada parece ocupar a la corte que se  fue y a la que quedó más que tener al personal entretenido con cuanto pueda ausentar la atención de los problemas reales. Problemas que, sin embargo, lejos de reducirse se mantienen o se incrementan. Véanse los sucesivos informes que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas, en los que queda nítidamente reflejado lo que siente y preocupa a la ciudadanía.

Esta semana destaca el conflicto generado por el aniversario de uno de los crímenes de ETA. Su grosera utilización por la bancada popular, organización criminal la consideran en alguno de los sumarios, con la nueva campaña de necrofagia política con la que han ensuciado el ambiente y los medios, da pie para otras reflexiones. La más inmediata es la de recordar desde cuando la mafia etarra llevó a cabo sus monstruosos actos y en qué número. Comenzaron sus andanzas en 1968 y en 2010 cerró su cuenta mortal. En total 836 muertos, además de otros terribles daños.

Entre 2008 y 2015 ha habido en España, mal contados, 21077 suicidios. Ahora se sabe que en las estadísticas oficiales hay importantes ausencias de datos.

En 2012 se quitaron la vida 10 personas diariamente. En 2013  y 2014 lo hicieron 11 personas. En 2015 fueron 10 suicidios diarios.

La imputación de tales actos a la situación económica o laboral de la  familia o la persona puede alcanzar un importante porcentaje según diferentes medios especializados, llegando a barajarse el cincuenta por ciento como un valor posible. De ello puede concluirse que entre los años 2012 y 2015, en los que además hay un repunte del número de suicidios, serían 8030 las víctimas. A ello habría que sumar las habida entre 2008 y 2011, aunque con un promedio inferior, daría como cifra la otras 5110 víctimas. 13140 muertos achacables al terrorismo financiero.

Estas frías y duras cifras habría que  acompañarlas de las de aquellos otros caídos por la acción del terrorismo financiero, fallecidos por infartos, otras dolencias cardiacas, agravamientos letales sobrevenidos, enfermedades crónicas, psíquicas o fisiológicas, que acaban lentamente con las vidas.

Estas víctimas no generan el interés de cierta canalla política, ni el interés mediático al servicio del poder. Aunque en realidad si hay algunos medios que se aprovechan de cuando en cuando de la dura realidad. Rellenan sus escaletas o planillas hurgando en la zozobra de alguna familia que pueda quedar en la calle. Eso sí, con el control de la toma y el relato, no sea que se cuele algún dato o marca que afecte a los intereses de la cadena o línea editorial. Nunca sus voceros apoltronados van a indagar en otras de las caras del terrorismo, menos en el más sanguinario, el financiero. Perro no come perro, dicen.

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Pero el día a día es lo que es. En todas las localidades de España todos los días se pueden cometer actos criminales, cual es el de marcar con una diana el portal o la espalda de alguna familia, con el amparo de su brazo judicial. Desplazando en cualquier momento hombres armados, a los que importa poco conocer que sus instrucciones violan flagrantemente los Derechos Humanos. Dispuestos a utilizar la violencia si alguien reclama justicia.

Esa ejecución muchas veces se anticipa vitalmente cuando quien se sabe marcado y desprotegido decide colgarse de una soga, saltar al vacío o arrojarse a las vías. Y por aquellos a los que el corazón se les parte en seco, solos o en brazos de su pareja o familia.

En Madrid capital, desde junio de 2015, hasta abril de 2017, con la corporación en pleno como cómplices, la Policía Municipal colabora en esta sistemática violación de los Derechos Humanos en el número de intervenciones que recogen los cuadros de su propia estadística.

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El número de víctimas del terrorismo financiero en cada localidad, en cada territorio no sería difícil de conocerse. Es cuestión también de voluntad política. Los medios usados, la repercusión presupuestaria de estas agresiones tampoco.

PAH Madrid

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DIA TRAS DIA EN PAH MADRID 11-7-2017

Estaba anunciado el desahucio de Freida y Bartolina. A las siete y veinte de la mañana coincidíamos en la puerta de casa con tres dotaciones de antidisturbios. Dieciocho policías nacionales a los que más tarde se sumaron seis de los municipales de Carmena. Y un alto mando conduciendo a la comisión judicial. El calvo y la otra, más el procurador de la entidad que llegaba por su cuenta.

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En medio dos contratadas del Ayuntamiento, de la concejalía de Usera Villaverde, de Pro Vivienda. Dos ciudadanas que asumen el papel de mediación en un reparto de funciones claramente pactada entre la representación judicial   y el Ayuntamiento, un lavado de cara con cargo a los presupuestos municipales con unos resultados que ocultan, como el convenio de asignación de esta labor.

A las ocho y cinco se hicieron las últimas llamadas a La Caixa-Caixabank y al Ayuntamiento para recordarles su responsabilidad en lo que estaba ocurriendo.

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Ya desde el primer minuto no dejaron subir a la vivienda. Hasta las diez y media estuvimos allí. Viendo, oyendo, fotografiando y tomando nota. También con declaraciones a la prensa y contando a los que pasaban lo que ocurría.

Podríamos decir que cierta frustración se apreciaba entre alguno de los guerreros apostados, pues pudieran estar esperando alguna otra actuación con la que aplicar la mordaza y su fuerza armada. Posiblemente el más tonto de ellos se encaró con uno de nosotros para aclarar que no era un desahucio, que eran ocupas. Lo que reiteró neciamente tras aclararle que eran personas con derechos.  El mando parecía estar relajado mientras tanto.

Llegó la televisión, la Sexta, y  tomaron declaraciones y anotaron datos. Luego otros deciden si se emite o no. Seguramente lo segundo, pues tendrían que recoger con seguridad que era La Caixa-Caixabank quién echaba a esas mujeres y a la niña de la casa. Es esa entidad y su empresa inmobiliaria quien tenía la posibilidad de mantenerlas a cubierto, aunque pagaran una cantidad mientras el Ayuntamiento encuentra una solución de alojamiento.

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El problema de este Ayuntamiento es grande, y su cobardía mayor. Hoy hemos asistido a uno de los seguramente veinte  actos de terror perpetrados por mandato judicial en colaboración con las fuerzas armadas. Ese es el número de acciones policiales que de lunes a viernes documenta el servicio de estadística de la Policía Municipal de Madrid en lo que va de enero a abril. Actuaciones que, en casi la totalidad de los casos, se asientan en actos ilegales y circunstancias familiares desesperadas.

El piso de la calle Martínez Oviol, 20-2º-d se lo ha adjudicado La Caixa Caixabank después de una ejecución hipotecaria que, como todas, no es legal. Cuestión  que es conocida por  la corporación madrileña, gobierno y oposición, sin que ninguna de sus señorías tenga la decencia de abrir la boca para denunciar lo que está ocurriendo en Madrid, en sus barrios.

Veinte acciones de terror hoy, trece diarias en 2016, y catorce en 2015, desde que tomaron posesión de sus cargos y sillones. Y esto es lo pequeño, lo gordo es la cantidad de familias que antes de llegar al lanzamiento entregan sus viviendas, talleres, naves, locales, en el transcurso de la presión de los bancos o los procedimientos judiciales. Esto lo conocen y callan los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Esto lo callan los medios de comunicación en manos de los bancos.

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Grandiosa lección de dignidad las de Bartolina y Freida en el momento de abandonar la vivienda.  La primera con  la hija en brazos, con fiebre. Serena la madre, sonriente la niña. La otra con la cara alta, la mirada limpia y húmeda de algunas  lagrimas vertidas mientras declaraba  a la cámara que a ellas las echaban por no tener dinero, por ser pobres, aunque el piso quedara sellado y vacio por años.

_MG_9226El ruido del carro transportando la puerta metálica con la que tapiaron la entrada de la vivienda rompió el tenso silencio en  el que  los presentes veíamos la salida de las compañeras.

La marca Caixa tiene la estrella negra de sus actuaciones. Por más que la pinten de azul.  Y los de azul, los de la pistola en el muslo, el chaleco protector y la visera calada se marcharon con los objetivos cumplidos. Seguiremos pendiente de la estadística de sus actuaciones. Seguiremos viéndonos cuando podamos estar presentes.

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DIA TRAS DIA EN PAH MADRID 7-7-2017

El pistolerismo hipotecario se hace presente de nuevo en el panorama madrileño, lo que nos hace pensar que igual ocurre en el resto del estado español. Al terror hipotecario generado por la organizada actuación de bancos y juzgados se suman ahora los subasteros, colectivo de larga y mugrienta fama en esta geografía española.

Los bancos, causantes de la crisis, están abriendo el camino a que terceros se queden con las viviendas que ejecutan al no quedárselas ellos o cederlas a sus empresas inmobiliarias. Ahora las dejan caer tras la subasta en poder de quienes en nombre propio o como testaferros de otros acuden l festín. El beneficiario último puede ser cualquiera que no quiera o pueda dar la cara en ese momento. Puede ser un alto funcionario de la administración central, judicial, autonómica con suficientes recursos, amistades  e información privilegiada. Puede ser un empleado de una cualquiera de las entidades, más bien de alto rango, con iguales posibilidades que los anteriores, por su cuenta o con una sociedad de compadres bajo la forma mercantil más adecuada. O para un familiar, suelen ser hijos casaderos los que se ven agraciados con este tipo de suerte, como otros con las concesiones de vivienda pública, que ya hemos visto algún espinoso caso. Podemos hacernos una idea del tipo de chanchullos tras los casos que vamos conociendo, que no son pocos.

Otra variante es la venta de una deuda, aún en litigio, cuando este se le tuerce al banco o a la empresa inmobiliaria del grupo financiero. Pongamos por caso que se les cuestiona el fraude fiscal habido en la cesión de remate. Lo transmiten a un tercero, de aparente buena fe. La cosa es que se lo regalan por la mitad de precio del valor catastral. Problemas fiscales a la vista, pues el ejecutado se va a defender. Del enjuague de la venta como de las amenazas del tipo que pillo el chollo, que ahora muestra ademanes de mafioso de billares. Da igual el título universitario tras el que se escude.

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No auguran estas novedades tiempos pacíficos. Seguro que volverán a preocuparse los técnicos sociales de las embajadas que ya en su día nos preguntaban extrañados por la tranquilidad con la que la gente llevaba las consecuencias de la crisis. Lo cierto es que la tranquilidad está por hoy en las calles, no así en las familias, pues la falta de trabajo y expectativas de futuro siguen asaltando el ánimo de miles de ciudadanos.

Hace unos días se publicaba que las estadísticas oficiales de suicidios pudieran estar maquilladas en hasta un treinta por ciento. Tema que no parece preocupar, entre otros a periodistas estrella, perrodistas de pelea en tertulia, cómicos de la notica, bustos parlantes o madonas con SICAV. Los amos del Enmierdame de Luxe matutino, vespertino o nocturno.

Cerramos la semana con sorpresa. El titular del 32, que no es un palco del Bernabéu, sino un juzgado de muerte, publicado instructor de letrados del oficio financiero, del subastero y del campo de la presión y recuperación de deudas, este caballero ha redactado, seguro que apretado por el curro de su negociado, en castellano altivo, con negrilla, la siguiente providencia:

“Dada cuenta, visto el escrito presentado, ninguna prórroga procede acordar porque, según el art. 2 del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, las suspensiones de los lanzamientos acordadas al amparo del art. 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, están prorrogadas y se mantienen por disposición legal hasta que transcurran siete años desde la entrada en vigor de dicha Ley, por lo tanto hasta el 15 de mayo de 2020”.

Esto ha tranquilizado al afectado que reclamaba fehacientemente la prórroga de la moratoria vencida en mayo de 2017. Por saber queda si la vecina del titular del 32, la titular del 31 lo tiene igual de claro, o en defensa de una posición de género, marca otra línea en su acción judicial. Ya veremos.

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DIA TRAS DIA EN LA PAH MADRID 5-7-2017

Tal como estaba anunciado estuvimos frente a la fachada del Colegio de Abogados de Madrid, ICAM. A las once treinta ya teníamos preparados los carteles, colocada la pancarta y controlada la megafonía. Ahora con batería propia y una adaptación para acoplar una de coche. Música y  palabra con decibelios sin temor al silencio.

Con anticipación estaba la policía que tras la identificación volvía a mostrar su función de protección del derecho de manifestación.

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Dos horas de presencia activa con reparto de quinientos manifiestos. Sin presencia de nadie del Colegio, de su dirección. Si ha habido abogados que se han interesado  por nuestras reclamaciones. Y un economista que ha trabajado y publicado sobre el sistema de defensa frente a los fondos buitres y que se ha ofrecido para contarnos y compartir criterios.

Ha sido la tercera concentración frente al ICAM y tiene pinta de que no será la última. Ya tenemos una idea del espectáculo a montar en la siguiente. De momento hoy se ha distribuido a más de mil quinientos procuradores el documento que ayer colgamos en la WEB y en el que se deja claro por qué es razonable esta queja. También  a los diputados de la Asamblea de Madrid  y grupos y áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Hemos conocido de las intervenciones de la Policía del Ayuntamiento de Madrid en desahucios y lanzamientos por orden judicial en el tiempo del gobierno actual. De junio a diciembre de 2015 hubo 1890 actuaciones. En 2016 hubo 3319 actuaciones. De enero a abril de 2017 hay 1607 actuaciones.  Que cada cual saque su propia conclusión. A falta de otras informaciones quedamos emplazados a valorar estos datos. Aunque no podemos dejar de acordarnos de las palabras de la señora alcaldesa, doña Manuela,  en dos particulares ocasiones, en una rueda de prensa en agosto de 2015 y a mediados de 2016 en la SER, sobre la desaparición de los desahucios en Madrid. Lo dicho ya hablaremos de esto con más tranquilidad.

Recordemos que los lanzamientos de las familias de sus viviendas se hacen tras unos procedimientos con diferentes ilegalidades. Que estos números ahora conocidos son una muy pequeña parte de las consecuencias de las ejecuciones hipotecarias puestas en marcha y cuyos afectados entregan su vivienda innecesariamente por falta de información suficiente sobre los mecanismos de defensa a su alcance. Esos que el protocolo del Colegio de Abogados no recoge y que nosotros estamos denunciando. Una brutal agresión a los derechos de las personas, que debería tener respuesta política y administrativa desde el Protocolo del Ayuntamiento por los Derechos Humanos. Ya nos encargaremos de recordarlo, de exigirlo y conseguirlo.

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¿ES RAZONABLE QUEJARSE, DE FORMA MANIFIESTA, POR EL PAPEL QUE JUEGA EL TURNO DE OFICIO, DEL I.C.A.M., EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA?

Independientemente de actitudes lamentablemente corporativistas, arrogándose una representatividad que no tienen y escudándose en siglas que no les pertenecen, dado que las mismas hablan por si solas de aquellos que sí son los propietarios de ellas y no una pequeñísima élite cuya principal obligación descuidan de una forma un tanto vergonzosa, no ofreciendo más alternativa y estrategia de defensa que la dación en pago con carácter retroactivo y el alquiler social, oponiéndose al patrimonio inmobiliario de aquellas unidades familiares afectadas de ejecuciones hipotecarias y convirtiéndose en perfectos guardianes del inmenso patrimonio en inmuebles que han acumulado las entidades financieras con todo tipo de argucias, amaños y añagazas, que hubiera sido imposible de alcanzar si no se tiene la colaboración inestimable del mundo jurídico, judicial, notarial y registral, es por lo que consideramos que sí es imprescindible que se empiece a colocar a cada responsable de esta tragedia silenciosa que suponen las arbitrarias ejecuciones hipotecarias, que se dan todos los días en esta tramposa, fullera y embaucadora pseudodemocracia en la que vivimos, ante ese espejo que les devuelva la cruda realidad de su impresentable actitud en la defensa de los legítimos derechos de todos aquellos a los que la estafa inmobiliaria les ha llevado al borde del precipicio.

Abandonando a aquella minoría que se considera con atribuciones que no tienen, apropiándose de siglas que no les pertenecen, centrémonos en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Y la pregunta es, ¿SE PUEDE CONSIDERAR COMO RAZONABLE QUEJARSE, DE FORMA MANIFIESTA, POR EL PAPEL QUE JUEGA EL TURNO DE OFICIO, DEL I.C.A.M., EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA?. Y la respuesta, visto lo visto, es sí, sin lugar a dudas.

Para muestra, un botón. El esquema que se recoge en el trabajo “EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA” que publicó, en fecha 12 de enero de 2017, el Observatorio de la Justicia y de los Abogados del Área Procesal Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Un trabajo en cuyo índice encontramos las siguientes fases del procedimiento: demanda, auto autorizando y despachando la ejecución y el requerimiento de pago, la oposición a la ejecución y la subasta.

¿En dicho índice encontramos otras instancias a las que recurrir, independientemente de la primera?, NO.

¿En dicho índice encontramos otros escritos de defensa, o recursos, independientemente de la oposición a la ejecución?, NO.

¿¿En dicho índice encontramos relación alguna a dos de los elementos más perversos y torticeros que existen en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y estrategias para defenderse de ellos, como es el vencimiento anticipado y la posible titulización del activo financiero ejecutado?, NO.

NO, NO y NO. Y podríamos seguir así hasta cansar al lector, y no es nuestra intención. Un trabajo “light” que no sale del “sota, caballo y rey” y que estratégicamente no vale, con perdón, una mierda. Si todo abogado de oficio tiene que tener como referencia, en su estrategia de defensa, de los derechos del ejecutado hipotecario, semejante estudio, más les vale prepararse a fondo dado que dicho análisis puede servir para darlo en bachillerato pero no a unos profesionales que deben, dado que es su obligación deontológica, defender con todo tipo de armas a su disposición el patrimonio vital de la unidad familiar ejecutada, su vivienda habitual.

Claro que si entramos a analizar el contenido de dicho trabajo, el resultado puede ser “de traca”.

En la fase de demanda, en el apartado de la legitimación activa, se deja bien claro la posición, a favor de la ejecutante, del Tribunal Supremo en cuanto a la fusión o absorción entre entidades, pero pasa –como el que no quiere la cosa- sin entrar para nada a analizar el tema de la cesión de créditos, y no digamos de la titulización, de la que no se dice una sola palabra, no vayamos a liar el tema de la legitimidad de la actora, y luego …

Ahora, lo que resulta escandaloso es leer en la fase de oposición a la ejecución, en el apartado plazo, “Como indica el artículo 556 LEC, el plazo para formular oposición será de DIEZ DÍAS HÁBILES desde la notificación del Auto por el que se despacha ejecución.”, sin tener en cuenta que las ejecuciones hipotecarias se instan a través del artículo 681 LEC, y siguientes, aquellos que contemplan el procedimiento para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda e hipoteca. Dicho artículo 681 LEC es muy claro al respecto, “La acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título, con las especialidades que se establecen en el presente capítulo.”, o lo que es lo mismo, Capítulo V del Título IV del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¡que tiene que ver esto con el Capítulo IV del Título III del Libro III, que es donde está encuadrado el artículo 556, aquél que contempla la oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de los acuerdos de mediación!. En las ejecuciones hipotecarias existen exclusivamente, a la hora de oponerse, las causas del artículo 695 LEC, y siguientes, nada de plazos ya que no hay contemplado ninguno. Por eso hay Juzgados que consideran que el ejecutado puede oponerse hasta el día del señalamiento de subasta, y otras instituciones como la Dirección General de los Registros y del Notariado, consideran que dicha oposición se puede interponer “… en el periodo comprendido entre la fecha del auto que ordena despachar la ejecución y la entrega del testimonio del decreto que aprueba la adjudicación, ...”. Sin embargo, es absolutamente vergonzoso contemplar como en el trabajo “EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA” no se defiende dicha posición, legal y muy legítima, y que ayudaría sobremanera a la parte demandada de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria; el no realizarlo no hace más que sostener, un poco más si cabe, a las entidades financieras. Claro que para sangrante, sangrante, la posición indefendible de algunos letrados que con tanta rapidez salen a defender al Ilustre Colegio, como sino estuviera por encima del mismo la defensa de sus clientes, victimas hipotecarias de la estafa inmobiliaria, ya sean de oficio o de pago.

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Terminando, dicho trabajo, con un muy somero análisis, en los apartados de plazo y procedimiento, de lo que consiste la subasta del bien inmueble ejecutado.

Nada se dice, ni se analiza, de otro tipo de recursos y escritos, por ejemplo el incidente de nulidad de actuaciones que contempla el articulo 225 LEC, y siguientes, o la impugnación por infracción legal del artículo 562 LEC, independientemente de los recursos de revisión o queja, al amparo de los artículos 454 bis y 494 LEC, sucesivamente. ¡Y que decir de otras instancias, ni se mencionan!, donde queda la apelación ante la Audiencia Provincial de turno, o la apelación por infracción de normas o garantías procesales ante la segunda instancia, el recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, o el de amparo ante el Constitucional, por no hablar del recurso que se puede plantear, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En fín, da la sensación de un auténtico derrotismo por parte del I.C.A.M., que debe considerar que en un procedimiento de ejecución hipotecaria está “todo el pescado vendido” pero qué, sin embargo, hay que guardar las formas, pero un poquito sin pasarse, no fatiguemos en demasía a nuestros afiliados del Turno de Oficio.

La pregunta que nos hacemos, sin pretender ser maliciosos, es sí el trabajo “EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA”, dado algunos pasajes que contiene, se ha realizado para los letrados del Turno de Oficio que pudieran tener que defender a la parte ejecutada del procedimiento o, por el contrario, va dirigido a aquellos profesionales que, perteneciendo a diferentes despachos, son elegidos por las entidades financieras para que redacten las correspondientes demandas de ejecución que, por otra parte y debido a las ayudas externas que vergonzantemente las entidades obtienen, no precisan de demasiado esmero y entrega.

Al final, no nos queda otra salida que reafirmarnos, ante la pregunta ¿SE PUEDE CONSIDERAR COMO RAZONABLE QUEJARSE, DE FORMA MANIFIESTA, POR EL PAPEL QUE JUEGA EL TURNO DE OFICIO, DEL I.C.A.M., EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA?, rotundamente ¡sí!, y manifestar que seguiremos reclamando, con determinación, que se cumplan con rigor todas aquellas obligaciones deontológicas que debe asumir todo profesional del Derecho qué, una vez apuntado voluntariamente al Turno de Oficio, debe poner en práctica en la defensa de los legítimos intereses de los clientes que le designen de oficio, montando todas aquellas estrategias que fueran precisas en el intento de salvaguardar el patrimonio vital de la unidad familiar; sosteniendo una conducta deontológicamente correcta, manteniendo al cliente informado, como así contemplan los artículos del 33 al 39, inclusive, de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Lo contrario, lo consideraríamos una deshonra para el letrado, un deshonor para la profesión y una indignidad para el Colegio.

Evidentemente, en ésta cuestión, como en otras muchas facetas de la vida, existen honrosas y muy dignas excepciones, las cuales respetamos, como no puede ser de otra forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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