PODER JUDICIAL, `BRAZO ARMADO´ DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

A algunos les podrá chocar el título, pero la experiencia diaria, durante años, de releer miles de resoluciones judiciales en relación a las ejecuciones hipotecarias planteadas por bancos, cajas y todo tipo de lumpen económico-societario que ha sobrevolado, y lo sigue haciendo, como aves carroñeras, los despojos que van dejando por el camino miles de familias deprimidas y acosadas por ese mundo financiero, por otro lado, insaciable por adueñarse y lucrarse con ese patrimonio de centenares de miles de ciudadanos, es lo que provoca el afirmar que eso no hubiera sucedido si la gran mayoría de los Titulares de los órganos judiciales correspondientes hubieran aplicado, desde el primer momento, la Directiva europea 93/13, transpuesta a nuestra legislación en 1998. En lugar de cumplir con esa obligación, de carácter imperativo, han estado `mariposeando´ haciendo el papel de `ejecutor´ a favor de las peticiones y demandas de las voraces entidades financieras.

El pasado 14 de septiembre de 2018 se publicaron las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros, de los Asuntos C-70/17 (Tribunal Supremo) y C-179/17 (JPI nº 1 Barcelona). Leer la argumentación que realiza nuestro Tribunal Supremo, sin olvidar al Gobierno español,  para evitar que las entidades financieras & Cia pierdan la posibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, sonrojaría al más desvergonzado. Amparándose en una hipotética defensa del consumidor, que es más falsa que `un duro sevillano´,  realiza una serie de afirmaciones que giran alrededor de dos hipócritas premisas:

  • El procedimiento de ejecución hipotecaria es mucho más favorable para defender los intereses del consumidor que el declarativo. Si dicha afirmación la hubiera hecho Pinocho, su nariz no hubiera tenido cabida ni en el Santiago Bernabéu.
  • Para que eso no suceda –irse al declarativo- lo ideal es sustituir la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva por el apartado 2 del artículo 693 LEC. Falaz propuesta del TS que no se alcanza a comprender como no fue total y fácilmente desarbolada por las defensas de las partes consumidoras en las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE.

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