La Oficina de Intermediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Madrid al servicio de los bancos.

La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca, PAH-Madrid,

MANIFIESTA:

Que desde  junio de 2015 hemos denunciado la puesta en marcha de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, OIH, por registro, en medios  y directamente ante las impulsoras de esta iniciativa, las señoras Carmena e Higueras.

Que desde el primer día manifestamos la falta de sinceridad en los objetivos de esta Oficina puesta en manos de los Notarios en una primera fase, de funcionarios municipales en la actualidad.

Que los mecanismos de defensa que los afectados por la estafa hipotecaria, en su evolución, nunca han sido tenidos en cuenta por parte de quienes han organizado y gestionado  la OIH.

Que hemos conocido decenas de actuaciones de la OIH contrarias a las posibilidades de las familias de defenderse frente a las entidades financieras que las persiguen.

Que el objetivo último de la OIH es la aceptación de la dación en pago por parte de las familias afectadas. Perdiendo lo pagado, la vivienda, quedando con un alquiler buitre y sin posibilidades de reclamar la ilegalidad de la ejecución hipotecaria.

Que el beneficio que los bancos obtienen del funcionamiento de la Oficina de Intermediación Hipotecaria puede reportar ventajas al Ayuntamiento en la negociación de la deuda municipal.

Que las actuaciones de Policía Municipal en los desahucios hipotecarios se han llevado y se llevan  a cabo con pleno conocimiento de la ilegalidad de las ejecuciones judiciales.

Que es responsabilidad de los que sostienen la Oficina de Intermediación  Hipotecaria la extensión de las consecuencias del terror entre los afectados.

Que al terrorismo financiero  le imputamos más de trece mil suicidios entre 2008 y 2015.

OIH 5-10-2017

De los grupos políticos esperamos un  posicionamiento político activo, desde sus competencias y responsabilidades, sobre las siguientes cuestiones:

Que se investigue, política y judicialmente, la estafa hipotecaria con todas sus variantes financieras. El rescate bancario y operaciones anexas,  pese a lo publicado, superan los cuatrocientos setenta mil  millones de euros. A lo que se ha añadir todo lo que oculta la estafa de las titulizaciones hipotecarias y de otros activos.

Que de forma inmediata se cumpla la jurisprudencia europea en todos sus términos,  lo que obliga la legislación española,  lo que implica el archivo de los procedimientos hipotecarios en marcha y la no admisión a trámite de nuevas ejecuciones amparadas en clausulas abusivas.

Que las fiscalías actúen de forma inmediata contra los que participen en el ordenamiento y realización de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, toda vez que  están basadas en la  aplicación ilegítima de una clausula abusiva, la reclamación de la totalidad del capital concedido, aunque no estuviera vencido.

Que se legisle sobre la reestructuración de  las deudas hipotecarias poniendo en relación lo pagado, lo pendiente y el valor actualizado de la garantía. De modo que la resultante en cuanto a las cuotas a pagar sea proporcional a las rentas familiares.

Que se instrumente un mecanismo eficaz en defensa de los derechos de los ilegítimamente ejecutados, para que puedan, de alguna forma, recuperar su vivienda o, al menos, conseguir la indemnización que en justicia corresponda. Para lo cual los Presupuestos del Estado debieran prever la partida correspondiente.

Que las familias acogidas en su momento a una dación en pago, y posteriormente  cobijados bajo el régimen de alquiler cedido por las entidades que les quitaron la vivienda, puedan hacer valer lo pagado en el proceso de recuperación de dicho inmueble. Desde la relación directa de lo pagado en su día, del valor actualizado de la garantía que les ejecutaron y lo abonado en concepto de alquiler hasta la fecha.

Que los afectados acogidos al régimen de alquiler, de las entidades financieras, puedan seguir en el mismo voluntariamente, de forma vitalicia, con una renta ajustada a los ingresos familiares.

Que se legisle la extensión en el mismo sentido de lo expuesto para los autónomos y pequeños empresarios afectados por las ejecuciones hipotecarias sobre sus viviendas que avalaban la financiación de sus actividades profesionales.

Madrid, a 4 de Octubre de 2017.

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