¿ES RAZONABLE QUEJARSE, DE FORMA MANIFIESTA, POR EL PAPEL QUE JUEGA EL TURNO DE OFICIO, DEL I.C.A.M., EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA?

Independientemente de actitudes lamentablemente corporativistas, arrogándose una representatividad que no tienen y escudándose en siglas que no les pertenecen, dado que las mismas hablan por si solas de aquellos que sí son los propietarios de ellas y no una pequeñísima élite cuya principal obligación descuidan de una forma un tanto vergonzosa, no ofreciendo más alternativa y estrategia de defensa que la dación en pago con carácter retroactivo y el alquiler social, oponiéndose al patrimonio inmobiliario de aquellas unidades familiares afectadas de ejecuciones hipotecarias y convirtiéndose en perfectos guardianes del inmenso patrimonio en inmuebles que han acumulado las entidades financieras con todo tipo de argucias, amaños y añagazas, que hubiera sido imposible de alcanzar si no se tiene la colaboración inestimable del mundo jurídico, judicial, notarial y registral, es por lo que consideramos que sí es imprescindible que se empiece a colocar a cada responsable de esta tragedia silenciosa que suponen las arbitrarias ejecuciones hipotecarias, que se dan todos los días en esta tramposa, fullera y embaucadora pseudodemocracia en la que vivimos, ante ese espejo que les devuelva la cruda realidad de su impresentable actitud en la defensa de los legítimos derechos de todos aquellos a los que la estafa inmobiliaria les ha llevado al borde del precipicio.

Abandonando a aquella minoría que se considera con atribuciones que no tienen, apropiándose de siglas que no les pertenecen, centrémonos en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Y la pregunta es, ¿SE PUEDE CONSIDERAR COMO RAZONABLE QUEJARSE, DE FORMA MANIFIESTA, POR EL PAPEL QUE JUEGA EL TURNO DE OFICIO, DEL I.C.A.M., EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA?. Y la respuesta, visto lo visto, es sí, sin lugar a dudas.

Para muestra, un botón. El esquema que se recoge en el trabajo “EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA” que publicó, en fecha 12 de enero de 2017, el Observatorio de la Justicia y de los Abogados del Área Procesal Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Un trabajo en cuyo índice encontramos las siguientes fases del procedimiento: demanda, auto autorizando y despachando la ejecución y el requerimiento de pago, la oposición a la ejecución y la subasta.

¿En dicho índice encontramos otras instancias a las que recurrir, independientemente de la primera?, NO.

¿En dicho índice encontramos otros escritos de defensa, o recursos, independientemente de la oposición a la ejecución?, NO.

¿¿En dicho índice encontramos relación alguna a dos de los elementos más perversos y torticeros que existen en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y estrategias para defenderse de ellos, como es el vencimiento anticipado y la posible titulización del activo financiero ejecutado?, NO.

NO, NO y NO. Y podríamos seguir así hasta cansar al lector, y no es nuestra intención. Un trabajo “light” que no sale del “sota, caballo y rey” y que estratégicamente no vale, con perdón, una mierda. Si todo abogado de oficio tiene que tener como referencia, en su estrategia de defensa, de los derechos del ejecutado hipotecario, semejante estudio, más les vale prepararse a fondo dado que dicho análisis puede servir para darlo en bachillerato pero no a unos profesionales que deben, dado que es su obligación deontológica, defender con todo tipo de armas a su disposición el patrimonio vital de la unidad familiar ejecutada, su vivienda habitual.

Claro que si entramos a analizar el contenido de dicho trabajo, el resultado puede ser “de traca”.

En la fase de demanda, en el apartado de la legitimación activa, se deja bien claro la posición, a favor de la ejecutante, del Tribunal Supremo en cuanto a la fusión o absorción entre entidades, pero pasa –como el que no quiere la cosa- sin entrar para nada a analizar el tema de la cesión de créditos, y no digamos de la titulización, de la que no se dice una sola palabra, no vayamos a liar el tema de la legitimidad de la actora, y luego …

Ahora, lo que resulta escandaloso es leer en la fase de oposición a la ejecución, en el apartado plazo, “Como indica el artículo 556 LEC, el plazo para formular oposición será de DIEZ DÍAS HÁBILES desde la notificación del Auto por el que se despacha ejecución.”, sin tener en cuenta que las ejecuciones hipotecarias se instan a través del artículo 681 LEC, y siguientes, aquellos que contemplan el procedimiento para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda e hipoteca. Dicho artículo 681 LEC es muy claro al respecto, “La acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título, con las especialidades que se establecen en el presente capítulo.”, o lo que es lo mismo, Capítulo V del Título IV del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¡que tiene que ver esto con el Capítulo IV del Título III del Libro III, que es donde está encuadrado el artículo 556, aquél que contempla la oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de los acuerdos de mediación!. En las ejecuciones hipotecarias existen exclusivamente, a la hora de oponerse, las causas del artículo 695 LEC, y siguientes, nada de plazos ya que no hay contemplado ninguno. Por eso hay Juzgados que consideran que el ejecutado puede oponerse hasta el día del señalamiento de subasta, y otras instituciones como la Dirección General de los Registros y del Notariado, consideran que dicha oposición se puede interponer “… en el periodo comprendido entre la fecha del auto que ordena despachar la ejecución y la entrega del testimonio del decreto que aprueba la adjudicación, ...”. Sin embargo, es absolutamente vergonzoso contemplar como en el trabajo “EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA” no se defiende dicha posición, legal y muy legítima, y que ayudaría sobremanera a la parte demandada de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria; el no realizarlo no hace más que sostener, un poco más si cabe, a las entidades financieras. Claro que para sangrante, sangrante, la posición indefendible de algunos letrados que con tanta rapidez salen a defender al Ilustre Colegio, como sino estuviera por encima del mismo la defensa de sus clientes, victimas hipotecarias de la estafa inmobiliaria, ya sean de oficio o de pago.

ICAM 5-7-2017

Terminando, dicho trabajo, con un muy somero análisis, en los apartados de plazo y procedimiento, de lo que consiste la subasta del bien inmueble ejecutado.

Nada se dice, ni se analiza, de otro tipo de recursos y escritos, por ejemplo el incidente de nulidad de actuaciones que contempla el articulo 225 LEC, y siguientes, o la impugnación por infracción legal del artículo 562 LEC, independientemente de los recursos de revisión o queja, al amparo de los artículos 454 bis y 494 LEC, sucesivamente. ¡Y que decir de otras instancias, ni se mencionan!, donde queda la apelación ante la Audiencia Provincial de turno, o la apelación por infracción de normas o garantías procesales ante la segunda instancia, el recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, o el de amparo ante el Constitucional, por no hablar del recurso que se puede plantear, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En fín, da la sensación de un auténtico derrotismo por parte del I.C.A.M., que debe considerar que en un procedimiento de ejecución hipotecaria está “todo el pescado vendido” pero qué, sin embargo, hay que guardar las formas, pero un poquito sin pasarse, no fatiguemos en demasía a nuestros afiliados del Turno de Oficio.

La pregunta que nos hacemos, sin pretender ser maliciosos, es sí el trabajo “EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA”, dado algunos pasajes que contiene, se ha realizado para los letrados del Turno de Oficio que pudieran tener que defender a la parte ejecutada del procedimiento o, por el contrario, va dirigido a aquellos profesionales que, perteneciendo a diferentes despachos, son elegidos por las entidades financieras para que redacten las correspondientes demandas de ejecución que, por otra parte y debido a las ayudas externas que vergonzantemente las entidades obtienen, no precisan de demasiado esmero y entrega.

Al final, no nos queda otra salida que reafirmarnos, ante la pregunta ¿SE PUEDE CONSIDERAR COMO RAZONABLE QUEJARSE, DE FORMA MANIFIESTA, POR EL PAPEL QUE JUEGA EL TURNO DE OFICIO, DEL I.C.A.M., EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA?, rotundamente ¡sí!, y manifestar que seguiremos reclamando, con determinación, que se cumplan con rigor todas aquellas obligaciones deontológicas que debe asumir todo profesional del Derecho qué, una vez apuntado voluntariamente al Turno de Oficio, debe poner en práctica en la defensa de los legítimos intereses de los clientes que le designen de oficio, montando todas aquellas estrategias que fueran precisas en el intento de salvaguardar el patrimonio vital de la unidad familiar; sosteniendo una conducta deontológicamente correcta, manteniendo al cliente informado, como así contemplan los artículos del 33 al 39, inclusive, de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Lo contrario, lo consideraríamos una deshonra para el letrado, un deshonor para la profesión y una indignidad para el Colegio.

Evidentemente, en ésta cuestión, como en otras muchas facetas de la vida, existen honrosas y muy dignas excepciones, las cuales respetamos, como no puede ser de otra forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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